Escándalo en Misiones: denuncian coacción a empleados municipales para afiliarse a UNI
El diputado provincial Martín Arjol llevó a la Cámara de Representantes una dura presentación contra la utilización de la precariedad laboral con fines partidarios. Apuntó directamente contra el espacio impulsado por Leonardo Stelatto y Carlos Rovira.
POSADAS. — La tensión política escaló en la Legislatura provincial luego de que el diputado opositor Martín Arjol expusiera una serie de graves denuncias por presiones y hostigamiento contra trabajadores municipales en la capital misionera.
Durante su intervención en el recinto, el legislador advirtió que empleados bajo contratos temporarios estarían sufriendo coacciones directas por parte de funcionarios de la administración local para obligarlos a fichar en UNI, el espacio político vinculado al intendente Leonardo "Lalo" Stelatto y a la conducción que encabeza Carlos Rovira.
Vulnerabilidad y extorsión laboral
El eje central de la exposición giró en torno al uso de la inestabilidad contractual como herramienta de disciplinamiento partidario. Según la denuncia formulada por Arjol, la permanencia laboral de los agentes comunales estaría siendo condicionada a su afiliación a la fuerza oficialista.
"Se aprovecha la extrema vulnerabilidad de quienes no tienen estabilidad para someterlos a exigencias político-partidarias que violan los principios democráticos más básicos", sintetizó el diputado durante el debate. Asimismo, remarcó que las órdenes de apretete habrían bajado a través de mandos medios y distintos estamentos de funcionarios que responden a la estructura del Ejecutivo municipal.
El rol de los trabajadores
En un tramo de su alocución, el parlamentario destacó la postura de aquellos agentes que decidieron resistir las directivas. Arjol ponderó el valor de los empleados que, aun bajo la amenaza latente de perder su fuente de ingresos, optaron por no ceder a la presión política.
El planteo formalizado en la Legislatura reavivó el debate sobre las condiciones de contratación en los municipios de la provincia y puso bajo la lupa los límites difusos entre el aparato de la gestión pública y la militancia partidaria en el distrito. Hasta el momento, desde la órbita comunal o el oficialismo provincial no se emitieron respuestas formales ante las acusaciones legislativas.
